LA CARTA DE LA BOLSA - Moises Romero

Gastos necesarios

Parece una bobada: "Este gasto hay que hacerlo, debe hacerse: ¡es necesario!. ¿En base a qué se decide la necesariedad de un gasto?. Y, ¡ojo!, lo estoy preguntando yo que siempre he defendido que antes de tomar las tijeras y empezar a podar es imprescindible realizar una auditoría a fin de determinar qué gastos son necesarios.

“Eso lo determina el Gobierno”, dice el del fondo, y apostilla: “Y los Gobiernos salen de los resultados de las elecciones”. Ya, ya, pero, ¿está legitimado para recortar lo-que-considere-oportuno un Gobierno, aunque el partido político al que pertenece haya sido votado mayoritariamente en las correspondientes elecciones?. En teoría (a estos respectos la teoría es la única fuente factible) si, pero, ¿en qué programa electoral se abordan estas cosas?; ¿en qué programa se dice algo así como “Llegado el caso de que la situación económica se degrade y sea necesario abordar recortes en el gasto público, este partido político establece las siguientes prioridades de gasto (lista de partidas a no tocar) por lo que los gastos a disminuir serán los contenidos en la lista adjunta (lista de partidas de gasto ordenada de mayor a menor recorte).

Esto viene a cuento de las declaraciones efectuadas por el premier británico Mr. David Cameron en el sentido de que van a tener que realizarse recortes de gasto “dolorosos” (El País 07.06.2010, Pág. 21). Dos parecen los grupos de gasto que se piensa abordar: temas relacionados con el modelo de protección social y temas relacionados con el aparato funcional del Estado. No entro ni salgo, pero, ¿figuraba eso en el programa con el que el Conservative Party se presentó a las elecciones generales británicas celebradas hace cuatro días?, ¿decía algo el programa del Liberal Democrat Party con el que concurrió a esas elecciones en relación a que, llegado el caso de tener que participar en un Gobierno de coalición, soportaría a un Gobierno que propusiese realizar los recortes que Mr. Cameron va a proponer?. Esa es la cuestión: la ciudadanía vota, sí, pero, ¿qué vota exactamente la ciudadanía?.

De una cosa si que no se podrá acusar al Partido Conservador: dijeron que el Programa Trident de submarinos nucleares (75.000 millones de libras en los próximos años) sería intocable, y los LibDem no dijeron que no estaban de acuerdo; es decir, quienes votaron a uno o a otro sabían eso, pero, ¿sabían, por ejemplo, que puede verse reducido el monto de personal especializado en informar y orientar profesionalmente a jóvenes una vez que han finalizado sus estudios secundarios?, no es casualidad que haya puesto este ejemplo: la fuente es una amiga mía que pertenece a este cuerpo técnico. Ante un desempleo juvenil que se estima al alza, recortes en orientación profesional; bien, pero vuelvo a lo de antes: ¿qué legitimación tiene un Gobierno y en base a qué, para tomar tales decisiones?.

Pero claro, mentar recortes de gasto público en The UK trae a la memoria, sobre todo, el primer Gobierno de Ms. Margaret Thatcher (1979 Ѣ€” 1990), cuando, como consecuencia de una serie de medidas y decisiones, se produjo un aumento de la distancia entre las rentas más altas y las más bajas y se derrumbó el gasto social (la tasa de pobreza infantil pasó del 10% en 1979 al 32% en 1997); por eso el Viceprimer Ministro Mr. Nick Clegg ya ha dicho que no será como en los 80.

Luego viene la segunda parte, una segunda parte de la que no se habla: es fea. Gran parte de la responsabilidad de la deuda pública británica (60% a finales del 2009, 90% a finales del 2011) se debe a los planes de salvamento de entidades financieras (británicas), entidades financieras que eran privadas; no viene al caso ahora discutir sobre si se debió, o no, salvarlas, pero, ¿por qué no se hizo participe de sus accionariados del coste del rescate?. (Hagan extensible esto a las entidades financieras de otras economías).

Uno de los problemas de que adolece el modelo administrativo actualmente vigente es simple de detectar pero complejo de abordar. Son políticos quienes prometen y anuncian; promesas y anuncios que son utilizados como información decisoria por las y por los votantes, aunque la mayoría de tales promesas y anuncios tengan numerosas implicaciones técnicas. Luego, en el Gobierno, pueden no hacer lo prometido (rebajas de impuestos, por ejemplo), o hacer otra cosa diferente a lo dicho (recortes de gasto no anunciados), o cambiar lo enumerado (posponer una inversión calificada en campaña de esencial); ya, ya: lo tienen fácil: “las circunstancias han cambiado”, pero, ¿cómo se resuelve el contrasentido?: quienes eso hacen ganaron unas elecciones prometiendo algo que no han cumplido; la pregunta queda en el aire: de no haberlo prometido, ¿hubieran ganado las elecciones que ganaron?.

¿Qué hay que cambiar?, no lo sé; de Derecho Político no tengo ni idea, pero lo que es cierto es que las cosas van a ir -están yendo ya- por un camino muy diferente a como hasta ahora han ido, en lo económico, claro, pero no sólo; por lo que las cosas, pienso, van a tener que empezar a ser diseñadas de otra manera, ¿no creen?.

Santiago Niño Becerra. Catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.