CONSTRUCTORAS, LOS AYUNTAMIENTOS (Y OTROS) NO PAGAN, PERO LOS PLEITOS NO SON FÁCILES DE GANAR

Redacción - Lunes, 25 de Octubre

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"En los círculos mejor informados del mercado se cuenta que una de las principales constructoras españolas ha anunciado a sus trabajadores que no les podrá abonar la paga extra de Navidad, porque el número de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y otras Organismos de la Administración les adeudan varios meses y, lo que es peor, no ha visos de solución a corto plazo. En esos mismos círculos se cuenta que otra importante constructora ha decidido poner a toda su organización administrativa a trabajar, en exclusiva, en el cobro de impagados, algo así como El Cobrador del Frac ¿Y por qué no pleitean? Se preguntan algunos contertulios. Porque este tipo de pleitos no son fáciles de ganar, responde los expertos en el asunto. No es la primera vez que esto sucede en la historia económica de España. Pasó en los 70, por buscar una referencia similar a la de ahora. Si una constructora pleitea con un Ayuntamiento, el Ayuntamiento puede quitarle la contrata y que vaya a reclamar al Maestro Armero. Lo que suele suceder es que el Ayuntamiento se hace cargo de la paga de los trabajadores, que la constructora en cuestión ha designado para esas tareas. Pero el Ayuntamiento sigue manteniendo una importante deuda. No, no es fácil el asunto" comenta uno de los analistas que mejor conoce el sector constructor cotizado en la Bolsa española.

En este encuadre, escribía J. M Lamet en Expansión que Las constructoras han dicho basta y han decidido pasar al ataque contra la morosidad de los ayuntamientos. Bajo el brazo, una oleada de demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa, para reclamar las oportunas indemnizaciones. No pueden esperar más. Los impagos locales, un virus económico que va pudriendo el tejido empresarial al ritmo de la crisis, las ahogan.

Además, el recortazo de la obra pública que ha acometido el Ministerio de Fomento ha generado una enorme confusión sobre el futuro de las carteras empresariales de infraestructuras, por lo que las compañías se apresuran a apuntalar por la vía judicial los derechos de cobro adquiridos.

El caso más sintomático es el de las concesionarias de los servicios públicos de limpieza, que suelen ser filiales de constructoras. Los ayuntamientos les deben más de 3.200 millones de euros, según Francisco Jardón, presidente de la patronal del ramo, Aselip, que representa a compañías que emplean a 110.000 personas. Entre ellas, FCC, Urbaser (filial de ACS), Cespa (Ferrovial) y Sufi (Sacyr).

“Todas nuestras empresas están demandando a los alcaldes”, revela Jardón a EXPANSIÑ“N. “En función de la deuda que tiene el ayuntamiento, se le demanda”. “Hay un consenso en litigar ahora, porque la demora es tal que van a juicio todas las empresas en casi todos los ayuntamientos, y servimos a más de 6.000 consistorios”, ahonda.

Una solución intermedia entre la rescisión del contrato y la demanda es pactar una reducción de los servicios. Pero esto se traduce, a su vez, en una merma de ingresos, en un peor servicio y en despidos, apunta Jardón.

Además, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad prepara ya las primeras acciones legales contra las empresas peores pagadoras de España, tras facultarle a ello la nueva Ley de Morosidad.

El presidente de la patronal de proveedores de la construcción (Cepco), Rafael Fernández, está observando que ahora “impera el nerviosismo” entre las constructoras contratistas del sector público, en pleno derrumbe del gasto productivo. “Por eso aumentan, claro, las demandas, para curarse en salud”, dice.

No habrá línea ICO

Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 han hecho sonar las alarmas, ya que en ellos el Gobierno ha eliminado la disposición de la Ley de Morosidad por la cual se creaba la línea del ICO (agencia financiera estatal) de 3.000 millones para sufragar las deudas de los entes locales con los proveedores.

De esta forma, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias aseguran que “la Ley de Morosidad no es acatable, ya que el primero que no la cumple es el Gobierno, como se ha visto en el caso del ICO”. Jaume Puig i Canal, gerente del Gremio de Áridos de Cataluña, agrega: “Los alcaldes nos transmiten que temen demandas colectivas de los proveedores”. De hecho, muchas compañías están esgrimiendo delante de los ediles las sentencias que obligan a los alcaldes a responder con su patrimonio a parte de las deudas.

Villajoyosa, primer Ayuntamiento en quiebra

El Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) ha oficializado lo que muchos otros sufren en silencio, que apenas tiene para pagar las nóminas, que es la prioridad del Consistorio. El concejal de Hacienda, Francisco Pérez Melero, ha anunciado que el Ayuntamiento alicantino deja de pagar a los proveedores del ejercicio corriente hasta que haya liquidez suficiente. No pone fecha.

El Consistorio sigue así la recomendación de la tesorera municipal, que aconsejaba en un informe “suspender los pagos a proveedores, excepto aquellos que la legislación considera prioritarios, en concreto los gastos de personal, los pendientes de ejercicios anteriores y los correspondientes a intereses y préstamos bancarios. Y, en todo caso, reanudar el pago de facturas en función de la mejoría de los ingresos”.

Según este informe , la caja municipal apenas contaba a 30 de septiembre con 286.847 euros disponibles, frente a unas facturas pendientes de pago que ascienden a 11,2 millones, y la tesorera advierte de que “esta situación está provocando no sólo la imposibilidad de atender con regularidad el pago a los proveedores, sino que podría dificultar que en un futuro puedan atenderse correctamente los gastos de personal (retribuciones líquidas, seguridad social, anticipos…)”.

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