LA CARTA DE LA BOLSA

Martinsa Fadesa, la punta del iceberg

El proceso de concurso de acreedores presentado por Martinsa Fadesa y sus filiales no es más que la punta del iceberg de la crisis por la que atraviesan las empresas españolas que está afectando al “ladrillo” español en particular. La importancia de la inmobiliaria ha provocado un cataclismo en las bolsas españolas, pero lo cierto es que el problema es más serio de lo que parece.

Sólo en el primer semestre del año el número de concursos presentados por sociedades constructoras se ha elevado a un total de 243, lo que supone un incremento del 22,4 por ciento respecto al mismo período del pasado ejercicio.

Según un informe de la consultora D&B, en los primeros seis meses del año, se declararon un total de 1.021 concursos, un 7,25% más que en todo 2007, cuando se registraron 952 concursos. Sólo durante el segundo trimestre de 2008 se registraron 564 empresas afectadas por este procedimiento.

El sector de la construcción, con 243 empresas en concurso, se encuentra a la cabeza, seguido por el comercio (especialmente al por mayor), con 210 compañías (un 19,3% más), y por el sector de instituciones financieras, servicios a empresas y actividades inmobiliarias, con 178 empresas afectadas (un 16,4% más).

Aisa en el punto de mira

A punto de entrar en suspensión se pago se encuentra otra de las grandes inmobiliarias españolas cotizadas como Aisa, aunque por ahora esté suspendida de cotización. La constructora Asefa ha arremetido de nuevo contra la compañía esta semana al asegurar que ha inflado el valor de sus activos a través de la sociedad de valoración Richard Ellis. El pasado martes Asefa solicitó en un juzgado de Barcelona la entrada en concurso de acreedores de Aisa, y en la documentación que entregó al juez señala que ésta se ha servido de una sociedad de valoración, Richard Ellis, para inflar los activos alterando la solvencia de la compañía mediante la ficticia obtención de plusvalías tácitas. Asefa instó en abril a Aisa a declarar concurso de acreedores necesario, pero su petición fue desestimada posteriormente. Asefa reclama el cobro de 1,3 millones de euros y asegura que la inmobiliaria catalana no es capaz de hacer frente a ese pago.

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